La reciente práctica de acribillar a perseguidos por parte de las autoridades policiales ha generado un profundo debate en la sociedad. Desde una perspectiva moral y jurídica, esta conducta es considerada inadmisible. La justicia no puede ser alcanzada a través de métodos que atentan contra la vida y los derechos humanos de las personas, independientemente de las circunstancias en las que se encuentren. Las acciones de la Policía deben estar enmarcadas dentro del respeto a la ley y la protección de la dignidad humana. La violencia desmedida no solo socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, sino que también perpetúa un ciclo de injusticia y retaliación. Es fundamental que se establezcan mecanismos de control y rendición de cuentas para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a un debido proceso, evitando que la justicia se convierta en un acto de venganza.
