La empresa Cartesa, cuya planta en Guerra fue clausurada el 29 de octubre por las autoridades, ha rechazado las acusaciones de irregularidades en sus operaciones. En un comunicado, la compañía aclaró que no es exclusivamente de capital asiático, sino que opera como una inversión mixta legalmente constituida en República Dominicana, con todos sus registros y pagos de impuestos al día. Cartesa también defendió el uso del combustible que fue confiscado durante el operativo, afirmando que lo utilizaba para su planta eléctrica bajo un contrato de suministro vigente desde octubre de 2025. Además, la empresa denunció que las autoridades intervinieron sus instalaciones sin una orden judicial ni la presencia del Ministerio Público, considerando este acto como una sustracción fraudulenta. Finalmente, Cartesa acusó a otras empresas del sector de intentar sabotear su participación en el mercado dominicano, reafirmando su compromiso con la legalidad y la libre competencia en el país.
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