Las muertes ocurridas durante intervenciones policiales en la República Dominicana han desatado críticas desde diversos sectores de la sociedad civil. La Policía Nacional cuenta con 43,464 miembros, mientras que existen 53,877 órdenes de arresto pendientes contra 50,865 personas, lo que genera una preocupación significativa en el contexto de la estrategia de seguridad del Gobierno. A pesar de que la Policía sostiene que su plataforma pública incluye solo una fracción de los requeridos, se ha evidenciado que de al menos 182 muertes en operaciones este año, solo tres estaban en la lista de prófugos. Organismos como el Instituto Dominicano de Derecho Penal han solicitado un alto al fuego y la realización de investigaciones independientes sobre los casos de muertes en operativos, insistiendo en que la fuerza letal no es justificada. Por otro lado, el presidente Luis Abinader ha hecho un llamado a los prófugos para que se entreguen, mientras que expertos en derechos humanos advierten sobre la necesidad de respetar la Constitución y garantizar el derecho a la vida.
