El Gobierno dominicano, mediante el Decreto 787-26, ha prohibido el uso de sistemas de inteligencia artificial para clasificar socialmente a los ciudadanos, manipular opiniones políticas o tomar decisiones penales sin intervención humana. Esta normativa, firmada el 2 de noviembre por el presidente Luis Abinader, busca establecer un marco ético para la IA en los servicios públicos. Entre las restricciones, se incluye la prohibición de la identificación biométrica masiva y de sistemas que predigan la criminalidad basándose en factores como la ubicación o situación económica. Además, se reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión que les afecta ha sido apoyada por inteligencia artificial, garantizando así transparencia y supervisión. El decreto también establece la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, encargado de la supervisión y evaluación de estas tecnologías, lo que permitirá un mayor control sobre su implementación en la Administración Pública.
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