El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley núm. 87-26, diseñada para optimizar la prestación del servicio judicial digital y garantizar un acceso más ágil, transparente y seguro a la justicia. Esta normativa modifica varios artículos de la Ley núm. 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial e introduce un nuevo artículo que establece definiciones clave como autenticación, expediente electrónico y buzón judicial digital. Entre las principales innovaciones, la ley prioriza los trámites judiciales por vía digital, aunque permite su realización presencial para quienes no cuenten con los recursos técnicos necesarios. Además, autoriza el uso de la firma electrónica y digital cualificada para la validación de sentencias y resoluciones, otorgándoles plena validez jurídica. La ley también establece un sistema digital de georreferenciación para registrar diligencias procesales y permite audiencias virtuales en diversas áreas, asegurando un marco normativo moderno que se adapta a las necesidades actuales.
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