El reciente Decreto 787-26 introduce un avance significativo en la regulación del uso de inteligencia artificial en los servicios públicos. Este decreto establece el derecho de los ciudadanos a ser informados cuando una decisión administrativa, que puede impactar su acceso a servicios, beneficios sociales o sanciones, ha sido respaldada por tecnologías de inteligencia artificial. Este reconocimiento es crucial en un contexto donde la automatización y el uso de datos masivos son cada vez más comunes en la gestión pública. La transparencia en el uso de la inteligencia artificial permitirá a los ciudadanos comprender mejor cómo se toman decisiones que afectan su vida diaria, promoviendo así la confianza en las instituciones. A medida que la inteligencia artificial sigue evolucionando, es fundamental que los marcos legales se adapten para proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías.